Presunta Licitación fraudulenta llegará a la cámara de diputados local

Miguel Ángel Martínez. Tula de Allende.- Un grupo de productores de uniformes de la región Tula, dieron a conocer que el día de hoy estarán presentes en el Congreso del Estado, donde la diputada local por el PRD Sandra Ordaz expondrá a sus homólogos las principales anomalías de la licitación correspondiente pública estatal 42085001-056-11.

Hay que recordar que el grupo de comerciantes denunciaron públicamente un posible fraude en el concurso lanzado por gobierno del estado para la obtención del contrato de la citada, donde incluso se les levanto un padrón de datos a fin de conocer cuántos comerciantes eran a nivel local, sin embargo señalaron que ya se tenía arreglado todo.

Aseguraron que un mes antes de salir publicados los resultados oficiales ya tenían conocimiento de quién había sido el ganador de los  contratos, que estos fueron repartidos entre no más de una decena de personas, entre las cuales se hayan Gustavo López Prado, María Espinoza, Karla Delgado Estrada, Flor Piña Hernández, Jorge Salomón Shehin y Jorge Salomón Bulos.

De los 4 últimos agregaron que son familiares directos de la directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas, Yazmín Salomón Molina, por lo que se incurrió en un delito grave, por ello solicitan que se anule la designación de forma inmediata y se les asignen los contratos.

Enfatizaron que de no declararse incierta la licitación se violaría de manera contundente la ley, dado que se contrapone completamente, pues la misma determina que familiares de funcionarios públicos hasta en cuarto grado, no pueden acceder ni obtener los contratos   de alguna licitación pública.

Dieron a conocer también que en la semana pasada llevaron un escrito de inconformidad a la Contraloría del estado sin embargo fue rechazado bajo el argumento que el documento se requería en original y copia y que sólo llevaban la copia, por lo que este recurso fue invalidado.

Varios de los inconformes apuntaron que ante la proximidad de que se iniciará el próximo ciclo lectivo y la lentitud mostrada por parte de las autoridades correspondientes los desalentaba y que estaban conscientes de que muy probablemente este año sus negocios registrarían pérdidas dado que seguramente no se daría marcha atrás al fallo.

Finalmente expusieron que pese a las pérdidas económicas que registrarían el obtener la licitación ya no era la prioridad, que lo era el dar a conocer el hecho y que se sentara el precedente para que la situación no se repitiera, porque incluso del caso ya tenía conocimiento la Comisión de Derechos Humanos del estado (CNDHEH).